Un artículo de Gustavo Vidal, jurista y escritor.

Funcionarios públicos y sueldos congelados

En 1956, Dolores Medio escribió “Funcionario público”, novela desgarrada
donde se narran las penurias de Pablo Marín, funcionario atado a un sueldo
mísero que malvivía en un cuartucho junto a su mujer.
Tras las décadas siguientes de desarrollo, la figura del empleado público casi indigente,
trasunto del cesante de novelón galdosiano, fue poco a poco hundiéndose en el olvido.
Pero en los últimos días, la cloaca política y mediática neoliberal ha babeado de placer
ante los ecos de una posible congelación salarial a los funcionarios. Sin embargo, nada
sería más injusto que pasar la factura de la crisis a este colectivo.
Así, en los momentos de hervor económico y ladrillazo, un encofrador podía duplicar el
sueldo de un Técnico Superior de la Administración, y para conseguir que un albañil
viniera a casa había, poco menos, que apuntarse en una lista de espera y cruzar los
dedos.
Mientras los funcionarios perdían poder adquisitivo y realizaban malabarismos contables
con el sueldo, miles de paletos de eructo, puti club y caspa montaban una constructora y
juntaban billetes de quinientos euros como cromos. Legiones de jóvenes abandonaban los
estudios y dejaban sus libros escolares criando polvo mientras se pavoneaban en coches
refulgentes… ¿los funcionarios? Unos “pringaos, hombre, unos “pringaos”… ¿para qué
estudiar?, ¿para qué invertir?, ¿para qué innovar?...
“España va bien”.
Y mientras tantos celebraban sus ganancias entre cubatas, risas, rayas de coca y “España
va bien”, miles de hombres y mujeres habían inmolado sus mejores años junto a una taza
de café cargado, un flexo y un temario de oposiciones. Con los codos clavados en una
mesa, viendo la vida desfilar a través del claroscuro de un ventanal, a la espera del
momento crucial y temible de los exámenes.
Pues bien, ahora resulta que, según los neoliberales, los efectos de aquellos excesos han
de pagarlos los “privilegiados funcionarios”, precisamente el colectivo que apenas se
benefició del auge económico y que, por supuesto, no provocó la crisis.
Según ese planteamiento no pidamos cuenta a las entidades bancarias que prestaron
dinero sin las debidas garantías. No pensemos que las ganancias obscenas de la
especulación acabaron en paraísos fiscales. No indaguemos en ayuntamientos y
comunidades que dilapidaron millones encargando obras absurdas que enriquecieron a
empresarios. No, no… todo esto que lo paguen los funcionarios.
Sí, los funcionarios, aquellos “pringaos” durante los años del falso esplendor económico.
Sí, el juez que sacrificó como poco cinco años en una oposición terrorífica (aparte de los
cinco de carrera) para ganar menos que muchos fontaneros. Sí, los miles de opositores
que hubieron de recurrir al Lexatín, el policía que se juega la vida por mil quinientos euros
mensuales, el auxiliar que no gana más de novecientos… ¡resulta que estos han de pagar
la crisis y son unos “privilegiados”!